Santiago Álvarez, vicerrector de la Universidad de Oviedo, intervino, el pasado 13 de marzo, en el ciclo de conferencias de formación continua organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. La conferencia de Álvarez giraba en torno al artículo que escribió con el catedrático Juan José Rubio: "El mito del expolio fiscal".
En su discurso, Santiago Álvarez explicó que “no resulta razonable evaluar el conjunto de las actuaciones del sector público central en términos de su incidencia territorial”. En su opinión: “se trata de un problema más amplio que, mayoritariamente, debe abordarse en el ámbito de los individuos”.
En este sentido, Álvarez destacó que “es la capacidad de pago y no la residencia el factor que determina la carga tributaria que soportan los contribuyentes”, y puso el siguiente ejemplo: “Si un residente en Cataluña tiene que pagar una cantidad mayor en el IRPF que un residente en Aragón o La Rioja con ingresos idénticos, es porque el gobierno de su comunidad aplica una tarifa de tipos impositivos superior a la parte autonómica del impuesto; lo que no incide en la balanza fiscal, ya que esa recaudación la percibe la comunidad autónoma. En lo que a la parte estatal del impuesto se refiere, los tres pagarán lo mismo”.
En realidad, según siguió en su conferencia el vicerrector de la Universidad de Oviedo, “la propuesta de pacto fiscal es una petición de extender el sistema actual a un sistema de concierto, lo que sería poner a Cataluña en la misma situación que el País Vasco o Navarra. Pero esta posibilidad –seguía Álvarez– no se puede llevar a cabo porque dentro del sistema de financiación hay comunidades más ricas y, si estas se van, el resto de comunidades no tendría recursos suficientes para financiarse”. En este sentido, afirmaba que “quien paga los impuestos son los individuos, y supone que en comunidades que dan menos reciban más y que las comunidades que dan mucho más reciban menos”.
Finalmente el ponente acabó diciendo que “la extensión de este tipo de concierto llevaría a un coste económico y social tan elevado que comportaría la quiebra del sistema y, a mayor abundamiento, violaría el principio de igualdad y solidaridad interterritorial consagrado en la Constitución española”. Por ello, proponía una alternativa: “una simplificación del sistema que garantice la posición relativa de cada comunidad autónoma en financiación per cápita y una revisión de los elementos que regulan el grado de nivelación horizontal y vertical, así como una revisión de los factores de coste que el sistema reconoce”.
