El Saló de Graus acogió el pasado miércoles 30 de septiembre la Jornada Familia y Dependencia, organizada por el Instituto de Estudios Superiores de la Familia y el Instituto Albert Jovell de Salud Pública y Pacientes. A lo largo de la jornada, representantes de asociaciones de pacientes, sanitarias y de la administración hicieron un balance de los diez años de la Ley de la Dependencia en España. La Dra. Montserrat Gas, directora del IESF introdujo la jornada destacando la importancia de las políticas familias como núcleo de las políticas sociales y agradeció el soporte recibido por la Fundación Molins para las actividades de investigación y formación llevadas a cabo en este sentido por el Aula de Políticas Familiares. 

A lo largo de la jornada, los ponentes se refirieron a la familia como la base para que las personas con dependencia o discapacidad puedan mantenerse y desenvolverse en sociedad, pero a la vez como el ente más olvidado por la Administración Pública y, en especial, por la Ley de Dependencia. 

Tras la conferencia inaugural, a cargo del filósofo y escritor Francesc Torralba, tuvo lugar la mesa redonda “El reto de la cuidado y la familia”, en la que participaron representantes de asociaciones de pacientes, profesionales del sector sanitario, expertos en derecho y del tercer sector. 

Por su parte, la Dra. Belén Zárate, profesora de la Facultad de Derecho e investigadora del Instituto de Estudios Superiores de la Familia de UIC Barcelona, hizo un balance de la Ley de Dependencia y de la situación actual diez años después de su entrada en vigor. En concreto, habló de lo que era necesario hacer, lo que realmente se ha hecho y qué quedaría por hacer. En este sentido, afirmó que es necesario que leyes como ésta vayan acompañadas de políticas familiares: “El estado debería ayudar más a la familia, sería bueno que la Ley contemplara el catálogo de servicios de lo que la familia necesita”,dijo. 

Así mismo, Luis Cayo, presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), habló desde la experiencia de interlocutor con la Administración. Afirmó que uno de los errores de la actual Ley de Dependencia es que “agrupa en un mismo grupo a personas con discapacidad y con dependencia y que aporta un catálogo de prestaciones mínimo”. “La familia es la primera red de inclusión con un poder enorme. La Ley de dependencia debería ir acompañada de políticas sociales”, afirmó. 

También consideró que la actual Ley difiere mucho de la idea inicial que se presentó y que desde las asociaciones se tiene la sensación de “haber sido engañados. No fue todo lo que se prometió” concluyó. 

La Dra. Esther Lobo, del Centro de Salud Mental de Adultos y el Centro de Día de Ciutat Vella de Parc Sanitari Sant Joan de Déu, habló de la situación de los enfermos mentales en el contexto sanitario y sus principales necesidades. Y presentó a la familia como la base para el acompañamiento de las personas con trastorno mental. 

Lluís Viguera, director general de la Fundació Finestrelles, presentó la necesidad asistencial en el entorno familiar, el impacto económico en las personas y el cambio necesario en el enfoque asistencial. 

Por último, Pilar Rodríguez, directora de la Unidad Operativa Sociosanitaria de Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), profundizó en las dificultades y necesidades en el contexto familiar de los derechos sociales en la gestión de servicios de atención a personas con dependencia. En especial, se centró en la situación y atención del anciano, uno de los grupos con mayor dependencia. 

Por la tarde, tuvo lugar una sesión de trabajo por grupos entre los asistentes y los ponentes, de la que se ha podido extraer el siguiente decálogo de buenas prácticas y propuestas que la Administración tendría que tener en cuenta para mejorar la actual Ley de Dependencia:

1. La familia, por su incondicionalidad, es la institución más valorada por los jóvenes. Por tanto, es preciso recuperar el liderazgo del cuidado empoderando a lasfamilias, dándoles el soporte necesario para aumentar su nivel de resiliencia.
2. La sociedad subsiste gracias a un pacto intergeneracional tácito: te cuido para que me cuides. Sin embargo, la doble jornada –familia y trabajo- y la escasez de políticas públicas y de empresa desembocan en un conflicto de lealtades en las personas que viven y sufren la sensación de no llegar a todo.
3. La Ley de Dependencia en España ha olvidado a la familia como agente principal de quien depende la implementación de políticas. El cuidado es una actividad intensa, extensa y duradera que requiere medidas estables más allá de los gobiernos.
4. El gran problema de las políticas sociales en España es que no se hace evaluación de su eficiencia y se aplican sin la intervención conjunta del sector sanitario, asistencial y de las familias. Es preciso trabajar conjuntamente para hacer propuestas integradas que tengan en cuenta las necesidades reales de la tercera edad.
5. Viviendas unifamiliares con servicios comunes y asistencia social y sanitaria es una de las alternativas propuestas que amplían la dicotomía: residencia-cuidador.
6. La arquitectura del siglo XXI será accesible sin que se note. Existe un nuevo nicho de mercado en la adaptación de espacio y viviendas que aseguran además las condiciones de vida adecuadas para las personas cuando entren en la tercera edad.
7. La enfermedad mental –que afecta un 27 % de la población– y la discapacidad intelectual pueden llegar a ser invisibles gracias a las políticas de inserción y de prevención.
8. La ancianidad no es un problema, sino un logro del estado del bienestar y es preciso escuchar más a este sector de la población para conocer mejor sus necesidades y su voluntad respecto al estilo de vida que deseen tener.
9. La tecnología ofrece soluciones a problemas complejos de movilidad y discapacidad. La nueva sociedad del bienestar será humanista y tecnológica.
10. Las familias necesitan soporte emocional y formación antes que recursos. Las entidades y, concretamente, el voluntariado están cubriendo esta necesidad pero precisan de más soporte público y de formación.