El Dr. José Ramón Agustina y Javier Sánchez Marquiegui,
profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, realizaron el
informe junto con Ana Alós, abogada de URÍA, y fue publicado por Ribas y
Asociados.

Entre algunas de las conclusiones a las que llega el
estudio se encuentran que el 67% de las grandes empresas españolas no dispone
de mecanismos técnicos para prevenir fugas de información corporativa y aunque
el 85% tiene normas para el uso de las TIC, sólo un 15,6% realiza un control
continuado de su cumplimiento.

Así mismo, el informe afirma que aunque el 98% de los
empleados tiene acceso a Internet y al correo electrónico, la mayoría de
empresas aún no está preparada para aclarar y resolver un incidente que pueda
tener repercusiones directas en el rendimiento de la actividad laboral y en los
beneficios empresariales.

En la investigación se detalla que mayoritariamente
cuando la empresa detecta una de estas irregularidades y según su gravedad, en
un 37 % de los casos únicamente se advierte al trabajador informalmente; en un
22 % se le impone una sanción disciplinaria, y únicamente un 13% de los casos acaba
en despido y en contadas ocasiones en denuncia penal (3 %).

Los autores remarcan que una fuga de información, como
que un trabajador se lleve la datos corporativos de interés, puede suponer un
grave perjuicio para la reputación de la empresa e incluso afectar su valor
bursátil, por lo que en ocasiones la compañía evita llevar estos casos a la
justicia y optan por resolver el conflicto en el ámbito privado.