La declaración, también llamada Declaración de Casablanca, por ser la ciudad de Marruecos donde fue presentada, nace gracias al impulso de más de cien expertos, de setenta y cinco países —principalmente juristas defensores de los derechos humanos, médicos, psicólogos y educadores—, que llevan mucho tiempo analizando este fenómeno y el impacto que comporta en las personas y en la sociedad.

Según explica Montserrat Gas, directora del IESF de UIC Barcelona, la subrogación “es un negocio que está construido sobre el legítimo deseo de muchas personas de tener un hijo, que ven en este sistema una solución”. De todas formas, sigue explicando Gas, “un niño debería ser siempre un regalo, no el objeto del deseo de los adultos”.

En este sentido, según explica la directora del Instituto, existe un amplio consenso en contra de esta práctica. “Sin embargo —dice— el hecho de que algunas personas famosas estén acudiendo a esta práctica, no ayuda a que haya un rechazo social más amplio para con este negocio con seres humanos”.

La gestación subrogada está prohibida en algunos países de la Unión Europea, como Italia, Alemania o Polonia. “En España, como en otros muchos países —sigue explicando Gas—, la subrogación se encuentra en un vacío legal: no está permitida, pero tampoco expresamente prohibida”.

La Declaración de Casablanca pide abolir la maternidad subrogada, en lugar de regularla. Porque, como recuerda Montserrat Gas, “se ha demostrado en algunos países que la legalización de algunas prácticas ha implicado el efecto pendiente resbaladiza, que produce un aumento de las conductas que se desean evitar o reducir”.

Así pues, concluye la directora del IESF, “el 3 de marzo de 2023 no se considera un punto de llegada, sino de partida para conseguir este ambicioso objetivo: erradicar una práctica que debe ser considerada insostenible, por ser dañina para la sociedad, además de que perjudica a las generaciones futuras”.