En este sentido, el presidente del TAB, el Sr. Jesús de Alfonso, y el decano de la Facultad de Derecho de la UIC, el Dr. Javier Junceda, han firmado hoy un convenio de colaboración con el fin de promover la formación en arbitraje entre los profesionales del sector jurídico y la difusión de la cultura arbitral como alternativa para la resolución de conflictos. Para ello el TAB y la UIC se propondrán recíprocamente actividades de divulgación del arbitraje, la conciliación y la mediación y se consultarán para realizar programas de enseñanza en estos ámbitos. La colaboración entre ambas instituciones también pasará por comunicarse estadísticas y estudios de mercado sobre arbitraje; participar en think tanks, charlas, ponencias o lecciones magistrales; asistir a sesiones de estudio de mejora de actividades o actuaciones; cooperar en la difusión recíproca de seminarios y cursos, o participar en iniciativas legislativas relativas al arbitraje, la conciliación o la mediación. Paralelamente, este acuerdo también contempla la asistencia de los alumnos de la UIC a sesiones en vivo de arbitraje administradas por el TAB.

El acuerdo entre la UIC y el Tribunal Arbitral de Barcelona es fruto de una colaboración previa entre ambas instituciones mediante la participación de profesionales del TAB en los planes de formación y consejos asesores de la UIC. Por su parte, el TAB ha colaborado en cursos de la UIC y reconoce en la Universitat Internacional de Catalunya un interés institucional en los métodos alternativos para la resolución de conflictos.

Sobre el arbitraje: el arbitraje es un sistema alternativo a los tribunales de justicia del poder judicial que permite resolver todo tipo de conflictos y controversias de carácter dispositivo, ya sea entre ciudadanos o entre empresas, con el mismo efecto que si de una sentencia firme se tratara, y con carácter vinculante para todos los intervinientes y los poderes públicos. El arbitraje destaca por su eficiencia, eficacia y confidencialidad; además, en un plazo generalmente no superior a seis meses asegura la finalización de todo el proceso mediante un laudo definitivo, sin posibilidad de segunda instancia.