La conferencia, enmarcada en el ciclo de formación continua que la Facultad ofrece a sus alumnos, se centró en los delitos que se cometen a través de las redes sociales y en cómo el usuario puede denunciarlos y combatirlos.

“España tiene la mayor tasa de uso de redes sociales del mundo y la ciberdelincuencia ha aumentado, solo en el último año, un 74 % a nivel global”, dijo el experto.

Partiendo de este dato, Font explicó cuáles son los delitos que más se comenten en este ámbito, siendo la estafa el que lidera el ranquin con un 85 %, seguido de lejos por descubrimiento y revelación de secretos y las amenazas y coacciones, con tan solo el 3 % de incidencia cada uno.

Tras esto, se centró en la práctica profesional y abordó el procedimiento a seguir en el momento de enfrentarse a este tipo de delitos. La primera cuestión a decidir, junto con el cliente, es la de si reclamar por vía extrajudicial o recabar, directamente, tutela jurisdiccional.

En referencia a esto, constató que las plataformas de atención al usuario de redes como Facebook y Twitter carecen por completo de transparencia y no contemplan, siquiera entre los hechos denunciables, todo aquello que según el Código Penal constituye delito. Y además, explicó, si uno tiene la suerte de ver contemplada en dichas plataformas la ofensa de que ha sido víctima, encuentra serios problemas logísticos y probatorios para poder proceder con la denuncia.

“Es paradójico que para mandar a Twitter la documentación en que uno fundamenta la reclamación, se facilite un único número de fax que, evidentemente, siempre comunica. Una vez tardé 3 semanas en poder contactar”, explicó Font.

Así pues, aunque la vía judicial puede ser más costosa es mucho más efectiva, si bien en esos foros lo complicado es la aportación de pruebas. Los “pantallazos” pueden ser manipulados, y así lo consideró el Tribunal Supremo, y la IP no es del todo concluyente para encontrar la fuente del ataque o la intrusión.

Para estos casos recomendó acudir a “terceros de confianza”, que son empresas que dejan un testimonio de lo que en las redes sociales aparece y que acreditan la veracidad de pruebas aportadas. Otra opción es el levantamiento de acta notarial.

El segundo dilema, en muchos casos, es el de si acudir a la vía penal o civil, siendo más contundente la primera pero más lucrativa, a nivel de daños y perjuicios, la segunda.

Finalmente, explicó el abogado, también se daba el problema de no saber cuál es el tribunal competente. Esta cuestión, sin embargo, fue ya también tratada por el Tribunal Supremo, que adoptó la teoría doctrinal de la ubicuidad y estableció la competencia de cualquier tribunal donde se haya cometido el ilícito.