En el estudio, tal y como explica Junceda, se
desarrollan los problemas con que las distintas Administraciones Públicas
pueden encontrarse a la hora de pagar indemnizaciones tras sentencias
desfavorables que no están previstas en los presupuestos del año y se explica que
el hecho de abonarlas supondría ir contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
“Lo más recomendable sería que las Administraciones contrataran seguros para
cubrir estas eventualidades”, asegura Junceda.

El decano recibirá el premio en
septiembre. El jurado estuvo presidido por José María Michavila, exministro de
Justicia.