Según explica Guardia en el artículo, el concierto solo sufraga parte del coste de la plaza escolar en la escuela concertada, lo que obliga a los centros docentes a solicitar la colaboración económica voluntaria de los padres de los alumnos. “De alguna manera —explica el profesor de Derecho Administrativo— esta infrafinanciación pública constituye una auténtica espada de Damocles sobre la concertada”. Con la praxis administrativa actual, dice Guardia, “es difícil que estas ayudas sostengan, de verdad, los centros concertados y que sea factible la gratuidad”.

En este sentido, Juan José Guardia explica que “es necesario replantear la regulación del módulo económico del concierto. Se podrían introducir nuevas variables que lo hagan más realista, como un coeficiente en función del número de alumnos por unidad escolar, o un complemento por el número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo”.

Las soluciones a todo esto no son sencillas, dice el profesor. De todas formas, hace falta transparencia, “en todos los actores implicados, empezando por la Administración educativa”. Para ganar en un sistema más equitativo, concluye Guardia, es necesario realizar “un cálculo real del coste por puesto escolar y un pacto de Estado con todos los agentes educativos. Sin duda, esto implicaría un aumento del gasto público”.