Jordi de Juan, director de la Cátedra de Empresa Familiar de UIC Barcelona y profesor de la Facultad de Derecho, ha publicado recientemente su investigación bajo el título “Reflexiones críticas en torno al límite conjunto de imposición renta/patrimonio: la necesaria determinación de un escudo fiscal de no confiscatoriedad”, en la revista Crónica Tributaria, que goza del máximo nivel de indexación académica. Esta publicación se ha realizado en el marco del grupo de investigación de la Facultad de Derecho GRE - Drets, Agenda 2030 i Recuperació Sostenible a Catalunya (RESCAT 2030).

En esta publicación, el Dr. de Juan defiende una tesis inédita en nuestro sistema tributario, que consiste en vincular un límite máximo de imposición con la prohibición constitucional de confiscatoriedad (la recaudación impositiva llevada a cabo por el Estado que priva al sujeto de sus bienes al 100 %). “Debemos reseñar, además, que en la actualidad se encuentra pendiente un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional cuyo fundamento descansa en este estudio, lo que constituye un claro ejemplo de transferencia de conocimiento con un importante impacto económico”, explica el profesor.

El estudio se inicia con el análisis del límite conjunto de imposición renta/patrimonio del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. “Dicho límite se sitúa en el 60 % de la base imponible de la renta, aunque ocasionalmente puede verse por encima del mismo”, afirma el investigador.

En su artículo, De Juan aborda la prohibición de la confiscatoriedad, analizando para ello la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en base al Derecho comparado, como los sistemas francés y alemán, haciendo especial mención, asimismo, a la emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

En base a ello, el experto concluye en la necesidad de que España adopte un sistema similar a los estándares de Derecho comparado, “muy alejados de nuestro sistema, que suelen situar este límite en el 50 % de la renta”. Además, el Dr. De Juan lo vincula con la necesidad de proteger la prohibición de confiscatoriedad consagrada en el artículo 31 de la Constitución.